Desagravio al mural destruído de Jorge Julio López en Remedios de Escalada - 2310/16


Un grupo de vecinos, organizaciones sociales y polìticas del barrio de Remedios de Escalada en el partido de Lanus, realizamos un mural en el marco de los 10 AÑOS DE LA DOBLE DESAPARICIÒN DE JORGE JULIO LOPEZ. De profesiòn albañil, Testigo de cargo de los juicios que condenaron a Etchecolatz y a los responsables de campos de concentración en la provincia de BsAs durante la última dictadura militar. Fue nuevamente desaparecido el 18/09/2006 el dìa que se dictaba la condena de esos juicios.

 El 25/09/2016 pintamos el mural en la plaza Mariano Moreno, Hipòlito Yrigoyen 6200, estaciòn Remedios de Escalada, Partido de Lanus. Esa misma noche fueron tapadas las caras del stencil del rostro de Lopez.

El 11/10/2016 directamente fue tirado abajo el muro sobre el que se confeccionò el mural como si de esta manera si pudiera borrar la memoria.

Reiteramos y entendemos que esta acciòn no es aislada. Se trata de una sistematica intervención de manos que en la oscuridad quieren imponer el silencio de los cementerios interviniendo y callando la cultura popular. En efecto, desde que asumiò el macrismo en Lanus, el intendente Nèstor Grindetti, denunciado en los Panamà papers, murales como los de Darìo y Maxi, Mariano Ferreyra y Carlos Petete Almiròn asesinados por las fuerzas represivas del Estado y su mano de obra tercerizada, otro de Milagros Sala -en la base del puente de escalada sobre la avenida-, de Carlos Fuentealba o de las Madres de Plaza de Mayo en la Unla forman parte de ese accionar que intenta silenciarnos.

El contexto de ajuste, tarifazo, inflación, baja del poder adquisitivo de los salarios, los despidos de trabajadores tanto del municipio como de todos los estamentos del Estado y privados es acompañado por una politica que pretende naturalizar la presencia de fuerzas represivas ocupando las calles y disciplinando a los intereses de las minorìas empresarias que gobiernan al conjunto de la sociedad.

No creemos tampoco que esta embestida sobre las expresiones artìsticas y en los barrios populares sean producto de personajes aislados. Los golpes y torturas a los pibes denunciados por la Poderosa en la villas de la CABA, la represiòn al ENM de Rosario, el asesinato de un albañil en Valentìn Alsina-Lanus asì como la detenciòn de vecinos en las barriadas populares del municipio en megaoperativos hollywoodenses, forman parte de un plan de amedrentamiento hacia la respuesta y resistencia organizada que llevamos adelante los y las trabajadores y el pueblo en las multisectoriales y frentes de unidad contra el ajuste.

El domingo 23 de octubre desde las 15 hs. Volvemos a juntarnos en la plaza para realizar un acto de repudio de todos estos hechos e instalar expresiones artísticas diversas por la desaparición de Julio Lopez.

Invitamos a toda la población, a los vecinos y vecinas de Escalada, a los y las artistas de la zona, docentes, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, a las expresiones de la cultura popular barrial, organizaciones populares a que acompañen la actividad que llevaremos adelante para denunciar todos los hechos asì como para restaurar las intervenciones por los 10 años de la doble desaparición de Jorge Julio Lopez.

SEGUIMOS RECLAMANDO APARICIÒN CON VIDA DE JORGE JULIO LOPEZ Y JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES

 Vecinos y vecinas de Escalada

Agite Rebelión-Organización Juvenil.
Agrupaciòn ferroviaria “Naranja desde las Bases”
AGRUPACION VICTOR CHIQUE ATE
ATE Alte.Brown-Pte Perón
ATE seccional gran Buenos Aires Sur-Comisión Administrativa
CADEP
CASA DEL TRABAJADOR A.TOSCO-LANUS
CASA POLITICO CULTURAL GALLO ROJO TEMPERLEY
CCI IL PERETZ
Colectivo UniTE (docentes de Lanus) en la Multicolor
CEPRODH
Colectivo Cadàver Exquisito
CorrepI
CORRIENTE POLITICO SINDICAL ROMPIENDO CADENAS
CTA ALTE.BROWN-PTE.PERON
Docentes de LANUS
FRENTE POPULAR DARIO SANTILLAN
Frente Juvenil Hagamos lo Imposible (HLI) en Cob La Brecha
MURALISMO NOMADE EN RESISTENCIa
MULCS
ORGANIZACIÓN POLITICA HOMBRE NUEVO
PATRIA GRANDE-LANUS
SEAMOS LIBRES
TUCA TUCA

Adhieren:ASOCIACION EX DETENIDOS DESAPARECIDOS (AEDD)   




























HIPOCRITAS

FAVOR DIFUNDIR!!!
                                          HIPOCRITAS

El 11 de septiembre distintos medios informaron sobre la decisión del secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y el Ministro de Justicia Germán Garavano para presentar al Estado Nacional como querellante en la causa que debiera investigar el segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López, así como también, la insistencia del abogado de la familia López para realizar una "autopsia psicológica" a JORGE JULIO LOPEZ.

La Asociación de Ex- Detenidos Desaparecidos declara:
 

Que la intervención del Estado como pretendido querellante es, a 10 años, una nueva puesta en escena cuyo único fin es el de desviar la atención pública, pretendiendo simular su interés por el destino por nuestro compañero. La realidad es que en estos 10 años el estado solo intervino para construir un gran muro de impunidad y encubrimiento para proteger a los responsables de la segunda desaparición de Julio.

Es responsabilidad del Estado que en estos 10 años no haya un solo detenido en la causa.

Es responsabilidad del Estado haber desperdiciado todas las pruebas aportadas por las querellas para encontrar a los culpables, llevarlos a juicio y encarcelarlos.

Es responsabilidad del Estado desviar la atención pública pantando y siguiendo pistas falsas.

El Estado NO TIENE QUE PRESENTARSE COMO QUERELLANTE, EL ESTADO DEBE INVESTIGAR AL GENOCIDA ETCHECOLATZ, A LA BONAERENSE Y A QUIENES DENUNCIO EL PROPIO LOPEZ EN SU DECLARACION
 

En los mismos trascendidos se menciona la intención del abogado que representa a la familia López de reactivar el pedido de una pericia denominada Autopsia Psicológica.
Tal propuesta, en su momento, aparejó el repudio generalizado y la oposición de los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales que revestimos el carácter de querellantes, manifestando que la propuesta implicaba retrotraer la investigación al punto inicial, negando el contexto socio-histórico donde se produjo la desaparición de López y volviendo al viejo y peligroso criterio de "investigar a la víctima".
Reconocidos profesionales, como los miembros del EATIP y Alfredo Grande, presentaron dictámenes negativos impugnando científica y éticamente el proyecto en cuestión, denunciando por un lado la inaplicabilidad de esas técnicas sobre víctimas de delitos de lesa humanidad y la intención de instalar nuevamente la idea de que JORGE JULIO LOPEZ desapareció por propia voluntad, la victimización de familiares y compañeros del desaparecido, el viraje de la investigación hacia el propio desaparecido y el abandono de la persecución a los responsables de su secuestro.

Parecía que los típicos "por algo será" , "algo habrá hecho", "las malas juntas" o "él se la buscó", respuestas que obtenían los familiares ante la búsqueda de un  desaparecido durante la última dictadura, encontrarían en este informe un pretendido sustento científico.
Incluso en su momento, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (dependiente del mismo Ministerio al que se le requiere este informe) se expidió contra la iniciativa.

A 10 años de la segunda desaparición de JORGE JULIO LOPEZ, desde la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, denunciamos que este intento de investigar a LOPEZ por su propio secuestro y desaparición al igual que la intención de presentar al Estado como querellante de la causa, forman parte de una maniobra que pretende desligar la responsabilidad del Estado en el secuestro, desaparición y encubrimiento de los responsables de la segunda desaparición de JORGE JULIO LOPEZ.

El mismo gobierno que hoy pone en duda la cantidad de desaparecidos, que intenta reflotar la teoría de los dos demonios, que intenta el olvido y la reconciliación, que impulsa la libertad de los genocidas, no garantiza más que impunidad.

EL ESTADO ES RESPONSABLE
APARICION CON VIDA YA DE JORGE JULIO LOPEZ
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE SU DESAPARICION

NO OLVIDAMOS-NO PERDONAMOS-NO NOS RECONCILIAMOS

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE A LAS 14.30 HORAS MARCHAMOS

EN CABA CON EL ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA desde CONGRESO a PLAZA DE MAYO

EN LA PLATA A LAS 16.30 HORAS CON LA MULTISECTORIAL LA PLATA BERISO Y ENSENADA desde Plaza Moreno a Plaza San Martín

 ASOCIACION DE EX-DETENIDOS DESAPARECIDOS

 Contacto de Prensa
 Gabriela Vargas  11- (15) 69524110

Inauguración de la biblioteca "Jorge Julio López" en Solidaridad Obrera - Madrid


El 18 de septiembre de 2015, mientras se realizaban marchas en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, en Madrid, el sindicato Solidaridad Obrera, inauguró la biblioteca a la que puso en homenaje el nombre de Jorge Julio López; sobreviviente de la dictadura genocida, y desaparecido en democracia en el año 2006 después de haber presentado su testimonio en el juicio contra el ex comisario Etchekolatz.

Se proyectó asimismo, un saludo de dos compañeros de la AEDD (Asociación Ex Detenidos Desaparecidos), Cachito y Nilda.

En la puerta de la biblioteca se encuentra ya una placa con un dibujo de Jorge Julio López, y en una de las paredes, el texto que a continuación se adjunta
 
Jorge Julio López

Jorge Julio López (General Villegas, Buenos Aires, Argentina, 1929Desaparecido por segunda vez el 18 de septiembre de 2006)

Jorge Julio López, albañil de profesión, y el oficio de sobrevivir peleando la desmemoria que le cercaba desde que salió de los centros clandestinos de detención que controlaba la policía de la provincia de Buenos Aires, la bonaerense, la siniestra, pero no en grado menor que las demás fuerzas de seguridad del Estado terrorista que implementaron el genocidio en Argentina

Jorge Julio López fue secuestrado y detenido ilegalmente en varios centros clandestinos de detención y exterminio, desde el 21/10/76 hasta el 25/6/79.

En el juicio seguido contra el comisario Etchecolatz y otros represores de la provincia de Buenos Aires, López  fue un testigo clave ya que testimonió con minuciosos detalles sobre los compañeros y compañeras como sobre los torturadores y asesinos.
Pero el día en que se leerían los alegatos




de los querellantes, el 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López fue secuestrado en plena democracia y en plena impunidad y
no pudo festejar la condena por genocidio a los verdugos.

La responsabilidad criminal es, sin duda, de los autores materiales y políticos del secuestro. Pero la responsabilidad política de la desaparición de López, sigue siendo, como desde el primer momento, de los gobiernos nacional y provincial de Argentina.

Desde entonces, desde la segunda desaparición, no  olvidamos a Julio y con su presencia y su ausencia seguimos exigiendo justicia por su desaparición.
Y en palabras de Nilda Eloy (Asociación Ex Detenidos Desaparecidos), compañera de cautiverio de López, una biblioteca, que lleve el nombre de un hombre casi sin instrucción que encontró en la escritura su manera de preservar la memoria, un hombre que con sus manos acostumbradas al cemento y la cal, reivindicó su militancia y la de sus compañeros escribiendo, luchó con una birome contra el silencio impuesto, hasta que pudo hablar.
Es decir que una biblioteca lleve el nombre del viejo, es una hermosa paradoja."


Marcha en La Plata a 9 años de la desaparición de Jorge JulioLópez

El 18 de septiembre, más 6 mil personas se movilizaron en la ciudad de La Plata exigiendo: A 9 años, no hay dékada ganada; Con los K, Macri y Massa sigue la impunidad; Aparición con vida ya de Jorge Julio López, encabezada por la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada.  

Fueron convocantes y adherentes más de 70 organizaciones, entre los que se encontraban, organismos de DDHH, como HIJOS La Plata, AEDD, Liberpueblo, entre otros; organizaciones gremiales, como CTA, ATE Provincia, SUTEBA; organizaciones estudiantiles, como la FULP y centros de estudiantes universitarios y secundarios; organizaciones sociales y partidos políticos.
Entre los referentes políticos presentes estuvieron el diputado, Guillermo Kane, Cristian
Castillo, los candidatos a intendentes Leandro Amoretti y Luana Simioni, acompañando a dirigentes gremiales de diferente raíz ideológica.

Nilda Eloy testigo clave en el juicio que llevo a la desaparición de Jorge Julio Lopez, afirmo “Pasaron 9 años, y seguimos preguntándonos donde esta Lopez, no es normal que suceda en democracia y la justicia no puede quedarse impálida ante la sociedad.”


Al llegar a la Casa de Gobierno provincial leyeron el documento consensuado, Carlos Zaidmann por la AEDD, e Isabel y Tania por HIJOS La Plata. Entre los puntos salientes se planteó:

“A 9 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, volvemos a esta plaza porque al silencio de los primeros meses, el gobierno de los K dio paso al encubrimiento y a la impunidad con la complicidad judicial, policial y política. La causa López es un verdadero laberinto de la impunidad. No hay ningún indagado ni procesado ni detenido.”

“En este último año, la único que avanzó fue la causa que investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario Federal por encubrimiento en la investigación y no por la desaparición de Jorge.” “En medio de la farsa electoral, con la que se quiere legitimar esta democracia de hambre, represión y saqueo, López fue nuevamente llamado a votar en la PASO en la escuela N°49 de Los Hornos, como viene sucediendo desde su desaparición. Esto demuestra que el Estado sigue sin asumir la realidad de lo sucedido con el compañero, y lo mismo ocurre con más de 210 desaparecidos en democracia desde 1983 a la fecha.”

“El año que viene se cumplirán 40 años del golpe genocida de 1976, y a 12 años de anuladas las leyes de impunidad hay sólo 605 represores condenados y 77 absueltos, por los casos de unas 3.600 víctimas. Muy pocos si tenemos en cuenta que durante la dictadura funcionaron más de 600 centros clandestinos de detención.”

“Tras doce años kirchneristas, los principales candidatos esconden en su campaña electoral que vienen con más ajuste y devaluación bajo el brazo. En estos doce años de buenos precios internacionales de materias primas, el kirchnerismo mantuvo la estructura productiva que viene desde la dictadura. Pagó más de 200 mil millones de dólares de deuda externa, profundizó la precarización laboral y el ajuste por inflación, agudizando el hambre y la desigualdad.”

“Este gobierno, que por un lado dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, quiere prohibir la protesta, y descarga el peso del aparato judicial para perseguir a los que luchan. Sólo hay 1.500 genocidas procesados, y más de 5.000 luchadores criminalizados por exigir sus derechos. En los últimos 4 años han sido asesinados más de 30 luchadores populares en manifestaciones y estos crímenes permanecen impunes.”

Para finalizar: “Desde hace 9 años venimos exigiendo a los poderes ejecutivo, judicial, y legislativo que impulsen de manera concreta y efectiva la investigación y esclarecimiento YA del secuestro y desaparición de Jorge Julio López.

Porque mientras se sigan violando los derechos humanos seguiremos tomando las calles en contra del Estado represivo, gobierne quién lo gobierne, en contra del olvido y el silencio, y en pie de  lucha por Julio López y por los 30.000 detenidos-desaparecidos.

APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LOPEZ.

30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS, PRESENTES!

A 9 años de la desaparición de Jorge Julio Lopez.

Documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia leído en Plaza de Mayo. 18 de septiembre 2015

A nueve años de la segunda desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López, nos convocamos nuevamente en esta Plaza de Mayo para exigir al Estado su aparición con vida y el castigo a los responsables

políticos y materiales.

Tenemos presente aquel 18 de septiembre de 2006, cuando esperábamos infructuosamente la llegada de Julio a los alegatos de Justicia YA! en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz. Recordamos con emoción su testimonio, fundamental para condenar a prisión perpetua al genocida de la policía bonaerense. Julio supo poner en palabras el horror vivido en los campos de concentración de la dictadura. Ese era su compromiso con quienes fueron sus compañeros de lucha.

Durante todos estos años, desde el poder político y judicial se encubrió y silenció la ausencia de López. La política de Estado ha sido y continúa siendo el encubrimiento.
La impunidad de los autores materiales de la segunda desaparición de López es responsabilidad política de los gobiernos nacional y provincial.

El Estado no realizó la investigación de lo ocurrido. Como en una farsa, cada fuerza simuló una búsqueda por su cuenta, ocultando sus pasos las unas a las otras. También fueron encubiertos los organismos de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial: la SIDE, el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Bonaerense y la Federal. Sobre todos ellos recae el manto de sospechas. Durante la lectura de su segunda sentencia a prisión perpetua –por los crímenes cometidos en La Cacha- Etchecolatz exhibió a los medios un papel con el nombre de nuestro compañero. Pero ninguna investigación avanzó sobre este represor y su entorno. En cambio, los jueces que tuvieron la causa apuntaron a los compañeros y familiares de López y embarraron la investigación hasta tornarla inviable.

De un lado, la respuesta popular ante la desaparición de Julio fue inmediata. Miles salimos a las calles a exigir su aparición con vida. La respuesta de las autoridades, por el contrario, fue ignorarla. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, no dedicó a López ni una palabra en ocho años de mandato. El actual jefe de gabinete Aníbal Fernández –entonces Ministro del Interior y hoy candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires- con su habitual cinismo, no quiso reconocer el secuestro de Julio, diciendo que podía estar tomando té en la casa de su tía. El entonces gobernador Felipe Solá –hoy alineado con Sergio Massa- sostuvo que su principal preocupación era la gobernabilidad de la policía bonaerense. Su sucesor, Daniel Scioli, nunca recibió a los organismos de derechos humanos ni impulsó el avance de la investigación. Los funcionarios nacionales y provinciales renunciaron a encontrar a nuestro compañero Jorge Julio López y, por lo tanto, renunciaron también a individualizar a los responsables de su secuestro. Por eso, en la causa López, a nueve años del secuestro de Julio, no hay sospechosos, ni imputados, ni detenidos.



Así quedaron también impunes el asesinato de Silvia Suppo, los secuestros de Gerez y Pouthod, las incontables amenazas que sufrieron testigos, querellantes y familiares de desaparecidos, que denunciaron y continúan denunciando a genocidas y represores en las calles, en los medios y en los estrados judiciales.

Decimos que el gobierno nacional es responsable por la aparición con vida de Julio y es responsable de la impunidad porque debió haber dado pasos precisos que le exigimos: exonerar y denunciar ante la justicia a todos los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que se desempeñaron durante la dictadura; promover la remoción de jueces y fiscales cómplices; impulsar juicios por campo de concentración o por circuito represivo donde se juzgue por el delito de genocidio a todos los represores y a sus cómplices civiles.
Hoy, a nueve años de la dolorosa desaparición de Julio, estamos en esta Plaza para ratificar la lucha popular contra la impunidad, denunciar el encubrimiento y reclamar justicia.

BASTA DE SILENCIO, ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD

Por eso exigimos al gobierno:

Aparición con vida YA de Julio López

Juicio y castigo a los responsables


En consonancia con este aniversario de la desaparición de Julio, denunciamos una ofensiva para avanzar con los mecanismos de impunidad.

Desde el gobierno se pretende dar vuelta la página y rehabilitar la intervención de las fuerzas armadas en la política interior. Esto es lo que ha ensayado con el envio de tropas a Haiti, imponiendo la presencia del Ejército en los barrios inundados de La Plata, en el barrio La Carbonilla de Capital y en retenes militares de la Provincia de Formosa. En nombre de una supuesta lucha contra el narcotráfico o el terrorismo, se pretende naturalizar la presencia del Ejército en los barrios y ciudades como instrumento de control social y represión interna. Para ello, ha reforzado el presupuesto militar y cerrado acuerdos militares y comerciales con fuerzas armadas de países imperialistas. Al frente de esta tarea –que apunta a la resistencia popular contra el ajuste- designó como Jefe del ejercito,al genocida César Milani, ex jefe de inteligencia del Ejército. Milani debió renunciar por las denuncias y el repudio popular en su contra, a pesar de la cerrada defensa que llevaron adelante el gobierno y sus voceros.
Por su parte, la oposición de los Macri y otros sectores de la derecha liberal pretenden reflotar la nefasta teoría de los dos demonios del gobierno de Alfonsín. En esta línea están los llamados a la reconciliación con los genocidas, promovida por el presidente del Episcopado, José María Arancedo, y las editoriales del diario La Nación proponiendo el final de los juicios a los genocidas.

Al mismo tiempo, entre las propuestas electorales de Sergio Massa está la reivindicación de la mano dura con la intervención del Ejército en las fronteras y en los barrios en la supuesta lucha contra el narcotráfico.

Mientras tanto, los juicios contra los represores continúan desarrollándose a cuenta gotas, lentamente, y los únicos cinco acusados por los crímenes de la Triple A –que asesinó a miles de luchadores- son excarcelados.
Ante esto, decimos una vez más:

NO OLVIDAMOS NO PERDONAMOS NO NOS RECONCILIAMOS
CÁRCEL A MILANI Y A TODOS LOS GENOCIDAS

Mientras tanto, el gobierno nacional avanza en el desguace del Banco Nacional de Datos Genéticos, con la complicidad del macrismo. El Banco de Datos Genéticos -creado a instancias de Abuelas apenas terminada la dictadura- fue una herramienta clave para restablecer la identidad de casi un centenar de hijos apropiados por los represores. El gobierno primero recortó sus facultades a los casos ocurridos bajo la dictadura, excluyendo a cientos de miles de personas de su alcance –y negando, de este modo, la existencia de centenares de desaparecidos y desaparecidas en democracia, a manos de las fuerzas represivas, de las redes de trata y de las mafias dedicadas al tráfico de personas. Ahora pretende arrancarlo del Hospital Durand, un hospital público donde funcionó por treinta años, y trasladarlo a las oficinas del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta apropiación tiene por objetivo convertirlo en una plataforma de negocios con los grandes laboratorios. Dos personeros de los laboratorios privados acaban de ser designados al frente del Banco a pesar de las impugnaciones de familiares y organismos de derechos humanos.

Decimos :

No a la privatización del Banco Nacional de Datos Genéticos

Exigimos:

UN BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS PÚBLICO Y ACCESO UNIVERSAL AL DERECHO A LA IDENTIDAD

Compañeros y compañeras:

La impunidad y el encubrimiento que rodean la segunda desaparición de Julio López se conectan directamente con la vigencia del aparato represivo de la dictadura y con la represión a las actuales luchas obreras y populares.
Asesinato de luchadores, espionaje e infiltración sobre organizaciones y militantes populares, leyes antiterroristas, represión a las luchas obreras contra los despidos, aval implícito a las patotas de la burocracia sindical y otros grupos de choque, alianza con terratenientes y pulpos sojeros contra los pueblos originarios, apoyo a la injusta condena contra los trabajadores de Las Heras, gatillo fácil y más de 5000 procesados por luchar han marcado la década de los gobiernos K. Mientras los pueblos originarios tratan de hacer oir su voz en defensa de su derecho a la tierra y de su cultura frente al avance de la frontera sojera, sufren múltiples provocaciones contra el acampe que instalaron en la ciudad de Buenos Aires y la negativa de la Presidenta a recibirlos y escuchar sus demandas.

La represión a los trabajadores de la línea 60 y contra la manifestación popular que repudió el escandaloso fraude electoral en Tucumán, la impunidad del asesinato de Ariel Velazquez en Jujuy, y el brutal allanamiento al canal Antena Negra son las muestras más recientes de la política represiva que caracterizó al kirchnerismo.

Por su parte, Mauricio Macri montó en la Ciudad de Buenos Aires su propio aparato de espionaje de la mano de Ciro James y formó la Policía Metropolitana bajo la arquitectura de un comisario vinculado al encubrimiento del atentado a la AMIA, Fino Palacios. Indoamericano, Sala Alberdi, Borda, Barrio Papa Francisco, son episodios salientes de una política represiva al servicio de los especuladores inmobiliarios y los privatizadores. Macri no tiene nada que envidiarles a los gobernadores alineados con Cristina Kirchner en provincias como Formosa o Chaco, donde persiguen a docentes, estatales, jubilados, desocupados, pueblos originarios, ambientalistas y luchadores contra el extractivismo .

La política de “mano dura” de Scioli, Macri y Massa está dirigida a reforzar el aparato represivo con la mirada puesta en la crisis social que desatará más temprano que tarde el ajuste. La política de “mano dura” no resuelve los problemas de inseguridad sino que los agrava, porque el aparato represivo –la policía, las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia- son los principales articuladores del delito organizado a lo largo y ancho del país.

Reclamamos:

Basta de ajuste, despidos y suspensiones. Basta de represión, muertes y patotas. Cierre de las causas y anulación de las condenas contra los luchadores. Libertad a los presos políticos. Fuera Berni.

La memoria colectiva ha inscripto en estos años los nombres de Miguel Bru, de Luciano Arruga y de los miles de jóvenes asesinados por el gatillo fácil, cuyos perpetradores en la inmensa mayoría de los casos permanecen protegidos bajo el manto de la impunidad.
También son parte de la memoria de nuestro pueblo las víctimas de la AMIA; de Cromañón y de Once. ¡¡Hoy exigimos justicia !!

Compañeros y compañeros

El testimonio de Julio López contra Etchecolatz ya es parte de la construcción de una memoria y una historia que, además de poner al desnudo la crueldad y brutalidad de la dictadura, rescata las luchas, las banderas y los objetivos por los que lucharon los 30000 compañeros detenidos desaparecidos: un país sin opresión, sin explotación, sin injusticia, sin represión.

En este 18 de septiembre reafirmamos:

NO OLVIDAMOS-NO PERDONAMOS-NO NOS RECONCILIAMOS

APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ

BASTA DE ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD

BASTA DE REPRESIÓN A LOS QUE LUCHAN

COMPAÑERO JULIO LÓPEZ ¡PRESENTE!

30.000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS PRESENTE!!!

La investigación por la desaparición de JORGE JULIO LOPEZ

La pista de los penitenciarios

Los fiscales Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira pidieron que se indague a siete miembros del Servicio Penitenciario Federal. Sostienen que cometieron irregularidades que habrían derivado en el desvío de la investigación sobre el destino de López.

 Por Ailín Bullentini

La unidad que investiga los crímenes del terrorismo de Estado en La Plata busca retomar la pista de los efectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la causa que investiga la segunda desaparición de Jorge Julio López. Tras permanecer seis años desactivada, los fiscales Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira solicitaron al juez que subroga el Juzgado Federal No 1, Adolfo Gabino Ziulú, que indague a siete funcionarios del SPF por haber cometido irregularidades en sus funciones que habrían derivado en el desvío de la investigación sobre el destino del militante, cuyo paradero se desconoce desde septiembre de 2006. “La conducta desarrollada por los imputados entrañó consecuencias que, en el contexto aquí expuesto, revisten suma gravedad, como es la imposibilidad de desarrollar diversas líneas de investigación verosímiles en la desaparición de Jorge Julio López”, señalaron los fiscales en su pedido.

En los días en los que Julio López volvió a desaparecer –entraba en su etapa final el juicio del que fue testigo fundamental contra los verdugos que lo habían desaparecido y torturado durante la última dictadura cívico militar, entre ellos el ex bonaerense Miguel Etchecolatz–, Diego González, Rubén Medina, Aníbal y Marcelo Cuenca, Héctor Altamirano, Carlos Grassini y Diego Díaz trabajaban en el penal de Marcos Paz. Desde aquel septiembre y hasta 2008 estarían bajo la lupa de la Justicia, enredados en la investigación por el paradero de López. Disfrutaron de la falta de mérito con los que el ex juez Arnaldo Corazza les dio aire hasta la semana pasada, cuando los fiscales Molina y Nogueira decidieron que algo en sus comportamientos como funcionarios públicos no había estado bien por aquellos años.

Los fiscales buscan consultar a estos ex funcionarios del SPF por algunas “diferencias” que detectaron entre los libros de visitas de Marcos Paz y del pabellón donde están alojados los imputados y condenados por delitos de lesa humanidad. “Las discrepancias no sólo son numerosas, sino también de una profunda gravedad. Existe una gran cantidad de inexactitudes entre los registros aportados por el SPF, que van desde simples diferencias en los nombres o número de documento, hasta personas que aparecen ingresando al pabellón sin haber sido registradas al ingreso del penal”, argumentaron Molina y Nogueira en el pedido enviado a Ziulú. Incumplimiento de funcionario público fue la imputación que les dedicaron para requerir sus indagatorias.

Por estas diferencias entre los registros de visitas de 2006, pero además por serias irregularidades en la actuación del SPF respecto de la información que le solicitó la Justicia sobre líneas telefónicas utilizadas por acusados y condenados por violaciones a los derechos humanos, estos y otros funcionarios de la institución fueron investigados. El penal, incluso, fue requisado y allanado en 2007: en su libro Los días sin López, los periodistas Luciana Rosende y Werner Pertot detallan que el juez a cargo, por entonces, de la investigación, Corazza, notificó de la primera medida al Ministerio de Justicia nacional y la información llegó al SPF, mientras que el segundo allanamiento, con previo aviso sólo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria –por entonces a cargo de Marcelo Saín–, tomó por sorpresa a Marcos Paz. Los datos obtenidos, sumados a un informe de la Secretaría de Derechos Humanos elaborado en aquel año en el que acusaba a los penitenciarios en la mira de tratar con privilegio a los genocidas permitió encender la alarma: ¿estaban los carceleros queriendo protegerlos de la investigación por la desaparición de López? El entonces fiscal del caso, Sergio Franco, pidió la indagatoria de los penitenciarios, pero la ansiedad duró poco. Corazza durmió la causa un año y, cuando despertó, dictó la falta de mérito y desactivó la línea.

Ahora, la unidad especializada en los delitos del terrorismo de Estado, busca retomarla a partir de una relectura de todo lo actuado: intentan determinar la “posible responsabilidad de fuerzas de seguridad en mecanismos que tienden a impedir el accionar de la Justicia sobre los delitos de lesa humanidad”, destacaron los fiscales.

EMVyJ :Documento a 8 años de la desaparición de Jorge Julio López

Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

Estamos en esta Plaza,enfrentando el  silencio y la  negación oficial,  para denunciar que Julio López, sobreviviente de los campos de concentración de la dictadura, fue secuestrado y desaparecido por segunda vez hace 8 años, cuando culminaba el Juicio a Etchecolatz .

Estamos  hoy aquí, en la  lucha  contra  la  impunidad  de ayer y  de  hoy, exigiendo al Estado Nacional su aparición con vida.

El 18 de septiembre de 2006 Julio López, que después de muchos años de silencio puso en palabras el horror vivido en los campos de  concentración  de  la dictadura,  para cumplir su compromiso con quienes fueron sus compañeros de lucha, no llegó a la sala de audiencias, en la  que  se daría la sentencia de prisión perpetua al genocida Etchecolatz.

La respuesta de nuestro pueblo a la desaparición de Julio no se hizo esperar y miles salimos a las calles reclamando su aparición con vida YA! 

La respuesta del poder también fue inmediata: el gobernador Solá, y sus funcionarios Arslanián y Binstock, declararon frente a los organismos de derechos humanos que reclamamos por Julio  que su preocupación era la gobernabilidad de la policía bonaerense. Hoy, después de 8 años, es indiscutible que esa  ha sido la principal preocupación de todos los poderes del Estado. Por eso en la causa López no hay sospechosos, ni imputados, ni detenidos.

Por eso denunciamos que, desde el primer momento,  los funcionarios nacionales y provinciales renunciaron a encontrar a nuestro compañero Jorge Julio López y por lo tanto renunciaron también  a detener, juzgar y condenar a los responsables de su secuestro.

La Policía de la Provincia de Buenos aires, al momento de la  segunda  desaparición de López, tenía en sus filas más de 9.000 efectivos que habían  actuado  durante  la dictadura. Ningún gobierno constitucional  los  separó ni investigó.

El  gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires desplegaron desde el primer momento un discurso plagado de cinismo. Durante el primer año decían que buscaban a Julio como si hablaran de un niño perdido camino a su casa y en los últimos años nos dicen que tenemos que aceptar que Julio está muerto pero no dicen quién lo secuestró, quién lo mató, quién dio la orden y quien la ejecutó. Nunca quisieron investigar  y ahora, después de 8 años de inacción y de impunidad, usan el nombre de Julio para bautizar una plaza o lo declaran “ciudadano ilustre” pretendiendo  naturalizar su desaparición y disimular la  impunidad de los autores políticos y materiales de su secuestro.

En todos estos años, aunque  el rostro de  Julio estuvo  y  está presente permanentemente  en la denuncia y el reclamo de justicia de nuestro pueblo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  hemos recibido por única respuesta el silencio de la impunidad, el silencio de la complicidad.

Julio López no fue el primer desaparecido posterior a la dictadura: Miguel Bru, Andrés Nuñez, entre otros, son prueba de ello. Su desaparición reinstaló la desaparición como práctica genocida, poniendo en jaque al  llamado  Nunca Más.. Fue una confirmación más de lo que siempre dijimos: la impunidad sólo genera más impunidad.

La  persistencia   de la impunidad  es la que permite que López esté desaparecido. La responsabilidad criminal es, sin duda, de los autores materiales y políticos del secuestro.. Pero la responsabilidad política de que Julio aparezca con vida, como señalamos desde un primer momento, es de los gobiernos nacional y provincial.

El Estado, con total intencionalidad, no realizó una investigación, y cada fuerza simuló una búsqueda por su cuenta, ocultando sus pasos las unas  a las otras.
Por eso decimos que el gobierno tiene que responder por el encubrimiento y complicidad por parte de los organismos de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial: la SIDE, el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Bonaerense y la Federal.

Nunca se investigaron las pistas que involucraban a Etchecolatz y a la bonaerense, y al día de hoy no han esclarecido ninguna de las innumerables amenazas y agresiones que sufrieron durante el juicio y siguen sufriendo testigos, querellantes, familiares de desaparecidos, jueces, fiscales. Tampoco se han resuelto los secuestros posteriores a testigos como Geréz, Puthod, Martínez, ni el asesinato de Silvia Suppo. Ha sido precisamente la persistente impunidad del secuestro y desaparición de Julio la que fomentó que las amenazas a los testigos, los abogados y a los militantes vinculados a los juicios a los genocidas continuaran y se agravaran, transformándose en agresiones y secuestros.

Por eso decimos que el gobierno nacional es responsable por la  aparición con vida de Julio y que debió haber dado los pasos precisos y contundentes que siempre le exigimos: exonerar y denunciar ante la justicia a todos los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que se desempeñaron durante la dictadura, promover la remoción de jueces y fiscales cómplices, impulsar juicios por campo de concentración o por circuito represivo donde se juzgue por el delito de genocidio a todos los represores y a sus cómplices civiles.


Desde hace dos años, la única novedad en la investigación judicial fue una denuncia contra las querellas y los funcionarios judiciales que intervinieron en el juicio contra Etchecolatz, en la que de forma aberrante se intentaba distorsionar las responsabilidades de lo sucedido acusando a los compañeros de Julio de “no haberlo cuidado”. Este año, el nuevo fiscal que tomó la causa dice que va a empezar de cero y su primera medida es investigar……a los hijos de López. 

Ante la inacción de la Justicia, y el silencio del poder político, en los últimos años fuimos las organizaciones que reclamamos por la aparición con vida de Julio las que aportamos novedades a la causa.
El año pasado el encuentro Memoria Verdad y Justicia convocó a una campaña nacional de presentación masiva de Habeas Corpus por Lopez. Todos fueron rechazados automáticamente, poniendo en  evidencia que  no  es preocupación  de  esta  justicia terminar  con la impunidad. En  Puerto Piramides el juez Ricardo Sastre contestó al habeas corpus , diciendo que “el señor Jorge Julio López NUNCA estuvo detenido en ninguna repartición de las fuerzas de seguridad”, negando de este modo hasta el primer secuestro de Jorge Julio López. Este año llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  de la OEA, pidiendo se pronuncien sobre el tema, se anoticien respecto de los 8 años de encubrimiento, se investiguen las responsabilidades de esta situación de impunidad y se llame la atención al Estado por el encubrimiento de este crimen.

Hoy, a 8 años de la dolorosa desaparición de Julio, estamos en esta Plaza para ratificar la lucha popular contra la impunidad, para denunciar el encubrimiento, para oponer voz al silencio de los de arriba, para reclamar justicia. Para exigir cárcel común y efectiva a sus secuestradores, a todos los represores y asesinos, a todos los genocidas.

BASTA DE SILENCIO, ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD

Por eso exigimos  al gobierno :

Aparición con vida YA de Julio López

Juicio y castigo a los responsables

Compañeros y compañeras:

La impunidad y el encubrimiento que rodean la segunda desaparición de Julio López se conectan directamente con la vigencia del aparato represivo de la dictadura y con la represión actual a las luchas obreras y populares.

La negativa de los gobiernos nacional y provincial a impulsar que se investigue entre las filas de la Policía Bonaerense y de los servicios de inteligencia del Estado refleja el pacto de encubrimiento sobre los crímenes y negocios ilegales del aparato represivo, que los  sucesivos gobiernos  han mantenido hasta el día de hoy a cambio de contar con sus servicios a la hora de reprimir a los trabajadores y el pueblo.

La política represiva se agudiza ahora que el colapso de la política económica conduce al gobierno a redoblar la entrega para pagar la deuda externa. Las designaciones  de César Milani al frente del Ejército y de Sergio Berni en la Secretaría de Seguridad apuntan a quebrar mediante palos y provocaciones la resistencia obrera y popular a los despidos, suspensiones, retrocesos salariales, ajustes, tarifazos y recortes en la asistencia social que el gobierno  impone para congraciarse con el capital financiero internacional.

Eso  se  expresó en la brutal  represión  que sufrieron los obreros  que salieron  a defender  sus puestos  de trabajo, como ocurrió en Lear , Gestamp, Emfer, Calsa, Kromberg. Los  dispositivos  represivos de las fuerzas de seguridad también estuvieron presentes ante los piquetes realizados durante el paro general  del 28 de agosto.

 El país entero pudo ver en detalle, gracias a las filmaciones de periodistas y militantes, las provocaciones de la Gendarmería contra los trabajadores de Lear. La expulsión del Ministerio  de Seguridad Nacional del ex carapintada Galeano, infiltrado en las manifestaciones,  fue una manera de ocultar  que actuaba  bajo las  órdenes  de Berni,  y por  lo  tanto,  del  gobierno  nacional.
 El espionaje y la infiltración son métodos represivos que los K cultivan desde que gobernaban la provincia de Santa Cruz, cuando Berni en persona se infiltraba entre los trabajadores de la mina de Rio Turbio y el gobernador Néstor Kirchner mandaba a las patotas del PJ provincial a apalear a las asambleas populares de Rio Gallegos. Luego siguieron el Proyecto X y la infiltración del Policía Federal Américo Balbuena en la Agencia Rodolfo Walsh.

En los últimos años el presupuesto destinado a inteligencia militar –bajo la tutela de Milani- prácticamente se triplicó. Este genocida, premiado por el oficialismo con el cargo de Jefe del Ejército, que debiera estar preso por su actuación durante la dictadura, es el elegido por el gobierno nacional para  encabezar un operativo dirigido a rehabilitar la injerencia del Ejército en la seguridad interior. Por eso hoy las leyes antiterroristas promovidas por el gobierno, se constituyen en una amenaza  cada vez más peligrosa a todos aquellos que luchan por sus derechos.
 
El  desalojo  con métodos  nazis del barrio  Papa Francisco, mostró, como ocurrió  con el Indoamericano, la complementariedad de las  políticas  represivas del gobierno nacional y las de Macri en la Ciudad. Arrasaron las viviendas y desalojaron  a los  más  humildes mientras   dejaron   instaladas a las bandas  del narco. 
Las declaraciones fascistas y xenófobas de Berni tienen como objetivo  dividir  al pueblo   y conseguir    piedra libre para sacar de las  calles a los que  enfrentan la  política  del  ajuste. 
Mientras  Macri mantiene  su propio  aparato de  espionaje, la  justicia  de  la ciudad   lleva a  juicio  a  los  dirigentes barriales Diosnel  Pérez  y  Luciano  “Tano “ Nardelli, por  el único  delito  de  ser solidarios. .
La Metropolitana reprime con balas de plomo –como lo hemos comprobado en el Indoamericano y en el desalojo de la Sala Alberdi- del mismo modo que ocurre en Formosa, Jujuy y Chaco con gobernadores  alineados  con Cristina  Fernández, donde se ha reprimido salvajemente a docentes, estatales, jubilados, desocupados y pueblos originarios. En Córdoba fueron reprimidas  vigilias  y marchas  contra   el monopolio  envenenador  Monsanto. 

En estos  11 años de  gobierno kirchnerista , suman  22 los compañeros  asesinados  a raíz de la  protesta social.

La política de “mano dura” , en cuya  aplicación   coinciden el gobierno  nacional, Scioli, Massa   y otros  sectores del oficialismo y la  oposición tiene como objetivo profundizar la criminalización de la  pobreza y no sólo no resolverá los problemas de inseguridad sino que reforzará la represión a las luchas, el gatillo fácil y la corrupción policial. La militarización de los barrios y la creación de policías comunales no ha hecho más que agravar la situación de los miles de habitantes de los barrios más humildes.

Actualmente son más de 5000 los procesados por luchar. El bloque de diputados oficialista promueve la sanción de una ley contra las manifestaciones, que fue reclamada por Cristina Fernández en el Congreso y aplaudida a rabiar por el  bloque macrista.
 El proyecto de ley contra la criminalización de la protesta, promovido  por  el  Encuentro Memoria Verdad y  Justicia y  presentado a la Cámara de Diputados con la  firma de  más  de  20  legisladores,  permanece ignorado por el  oficialismo y por la mayoría de la supuesta oposición. Rechazamos la pretensión de la diputada Diana Conti de canjear el apoyo a la ley que persigue las manifestaciones por una amnistía fraudulenta.
Reclamamos el cierre de las causas, la anulación de las condenas y la libertad de los presos políticos de Corral de Bustos, de los compañeros Fernando Esteche y Raúl “Boli” Lescano, de los cinco hermanos wichí de la provincia de Formosa y de los cinco compañeros de Ate Rio Gallegos arbitrariamente detenidos desde octubre del año pasado.
Desde este acto, exigimos una vez más la absolución de los compañeros de Las Heras,  condenados a prisión perpetua al término de un juicio infame.
 Las denuncias del fiscal contra los compañeros de la comisión interna de Lear y de dirigentes políticos solidarios con su lucha,  el procesamiento de los delegados de Emfer-Tatsa, los pedidos de desalojo contra la ocupación de Donnelley y la gestión cooperativa del Bauen son expresiones de la judicialización de la protesta social.

La militarización de los conflictos obreros tiene otro punto de apoyo en el accionar de las patotas de la burocracia sindical. Las provocaciones de Pignanelli contra los trabajadores de Lear son las mismas que utilizaron Pedraza y sus matones contra los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y que finalmente derivaron en el crimen de Mariano Ferreyra. El gobierno nacional utiliza ante cada conflicto a estos verdugos de los trabajadores para tratar de frenar el surgimiento de cientos de jóvenes  dirigentes que se organizan democráticamente para reclamar por sus derechos enfrentando a sus patrones aliados con la burocracia sindical.
Como castigo por su participación  en el paro nacional  del  28 de agosto, Randazzo, en sociedad con los  jerarcas de la Unión Ferroviaria, impulsa el  desafuero de los delegados  de la línea  Sarmiento  y sanciones  a los  activistas del  Mitre.
 
 La presencia de la patota del Smata en la tribuna del Congreso para insultar a los diputados de la izquierda –con la complicidad del presidente de la Cámara, Julián Domínguez- confirma que estas bandas están hoy al servicio del gobierno nacional.  Las amenazas de sanciones y expulsiones en las legislaturas provinciales contra los diputados de la izquierda se inscriben como otra variante de represión política.

Por eso decimos: basta  de ajuste, despidos  y  suspensiones. Reincorporación  ya  de  todos  los  despedidos.
Basta de represión, muertes y patotas. Cierre de las causas y anulación de las condenas contra los luchadores. Libertad a los presos políticos. Fuera  Berni.

 Hoy, el gobierno nacional pretende apropiarse del prestigio y  los recursos del Banco  Nacional  de Datos Genéticos  para ponerlo al servicio de un negociado con los laboratorios privados  de la medicina genómica. Este  Banco fue clave en la identificación de la mayoría de los 115 nietos recuperados.
 Por otra parte, al  limitar la competencia del Banco a los casos de lesa humanidad anteriores al 10 de diciembre de 1983,  quedan desprotegidas miles de personas  que buscan su identidad y los  más de 200 casos  de desapariciones  posteriores al  83,  como Miguel Bru, Luciano Arruga, Daniel Solano en río Negro y, por supuesto, Julio López.

Por  eso decimos: No  a la privatización del Banco Nacional de Datos Genéticos, acceso universal al derecho a la identidad!!!!


En defensa  de la  memoria, nos oponemos a  transformar los Centros Clandestinos de Detención en lugares de recreación, porque las generaciones que nos siguen deben saber que allí se torturó a hombres, mujeres y hasta niños,  para lograr imponer en nuestro país un orden político y económico en contra de las mayorías populares.

El gobierno nacional se adueñó de los sitios de memoria de la ciudad de Buenos Aires, después de haber logrado, en alianza con el macrismo , la disolución del Instituto Espacio  para  la Memoria. Y ahora  el Secretario de Derechos Humanos, Miguel Ángel Fresneda,ha decidido que el Servicio Penitenciario Federal sea el encargado de la  custodia de los Ex Centros  Clandestinos de Detención de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante años participamos y acompañamos las luchas populares por la señalización de estos sitios, por la expulsión de las fuerzas represivas de los mismos, por la construcción de proyectos de memoria que recuperen las historias de vida de nuestros compañeros desaparecidos y que denuncien las violaciones a los derechos humanos de ayer y de hoy.

Estos hechos no hacen más que seguir desvirtuando la memoria de lo ocurrido durante la dictadura militar y apuntalan los proyectos de reconciliación con las fuerzas represivas que se pretende llevar adelante desde el gobierno nacional, de la mano del genocida  Milani.

Compañeros y compañeros

El testimonio de Julio no solo sirvió para que  Etchecolatz fuera condenado por genocida, sino que es parte de la construcción de una memoria y una historia que, además de poner al desnudo la crueldad y brutalidad del poder, rescata las luchas, las banderas y los objetivos por los que lucharon los 30000 compañeros detenidos desaparecidos: un país sin opresión, sin explotación,  sin injusticia, sin represión.

En este  18 de septiembre reafirmamos:

No olvidamos a Julio y por eso con su presencia y su ausencia , estamos en esta plaza exigiendo justicia por su desaparición.

No olvidamos el compromiso de Julio con sus compañeros de ayer y tampoco olvidamos nuestro compromiso con los que luchan hoy.

No olvidamos que el proyecto genocida vino a terminar con una generación de luchadores que quería construir un país sin opresión y sin explotación.

No perdonamos a los genocidas y sus cómplices que siguen gozando de libertad y de impunidad y que están hoy al servicio de la represión contra el pueblo.

No nos reconciliamos con nuestros verdugos de ayer, ni tampoco con nuestros verdugos de hoy.

NO OLVIDAMOS-NO PERDONAMOS-NO NOS RECONCILIAMOS

APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ

BASTA DE ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD

FUERA MILANI-FUERA BERNI

BASTA  DE  REPRESIÓN  A  LOS  QUE  LUCHAN

COMPAÑERO  JULIO LÓPEZ ¡PRESENTE!

30.000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS PRESENTE!!!

El reclamo por López en la voz de una multitud

Marcharon por las calles de La Plata para reclamar la aparición del testigo que aportó información para condenar a Etchecolatz. Repudio a la inacción del Gobierno "por 8 años de impunidad". Fuerte presencia de organizaciones sociales. Todas las fotos.


Por Pablo Spinelli  - spinellipa@gmail.com

El rostro silueteado de Julio López con su gorra y su mirada franca se multiplicó hasta el infinito en carteles y banderas. Y el reclamo por su aparición fue vociferado por la multitud que se sumó a la marcha realizada al cumplirse ocho años del momento en fue visto por última vez. La falta de avances concretos en la investigación, y la inacción de los gobiernos provincial y nacional para revertirlo fueron los ejes de la jornada, que arrancó en Plaza Moreno y cerró en Plaza San Martín, donde se leyó un duro documento.

Como en cada marcha realizada en La Plata, ciudad donde el albañil que atestiguó contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz fue secuestrado dos veces, al frente estuvo la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, con Nilda Eloy, compañera de cautiverio durante su encarcelamiento clandestino durante la dictadura. Entre las organizaciones convocantes, integrantes de la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, estuvieron también la agrupación H.I.J.O.S.-La Plata, y la Federación Universitaria de La Plata (FULP).

Las banderas, como cada mes que pasa desde que López salió de su casa en Los Hornos para nunca más ser visto, son los de “aparición con vida”, “juicio y castigo a todos los responsables de su segunda desaparición”, “basta de amenazas a los testigos en los juicios de lesa humanidad”, y “condena al Estado argentino por ser responsable de 8 años de impunidad”.

La participación de gente que se participó del reclamo se suma en miles, y ocupó durante una media hora, por ejemplo, una mano de la diagonal 74, desde Plaza Moreno a Plaza Italia. Había arrancado en Plaza Moreno, frente a la Municipalidad, y una vez en 7 y 44 tomó por la avenida céntrica hasta 50, desde donde caminó hasta 8, para ingresar a Plaza San Martín por 51.

Participó gente que llegó por las suyas, como cada año, muchos de ellos en familia, pero la mayoría parecía encuadrada en organizaciones sociales, políticas y gremiales.

La columna se engrosó con una fuerte participación de agrupaciones de izquierda, gremios y centros de estudiantes de la UNLP. Pero fue notoria la movilización de familias enteras encuadradas en organizaciones sociales como el Movimiento Justicia y Libertad, el Frente Darío Santillán y Barrios de Pie.

Cada una con su bandera se encolumnó detrás de la cabecera, donde representantes de las organizaciones convocantes llevaban la clásica bandera con la leyenda “Sin Julio López no hay deKada ganada”, con el número 8, por los años de ausencia, en color rojo. Desde esa consigna, el mensaje de la movilización estuvo claro: los panfletos, los discursos y los cánticos estuvieron especialmente dirigidos al gobierno nacional.

Después de representantes de gremios como Suteba La Plata, de centros de estudiantes de diferentes facultades, y de las organizaciones sociales mencionadas, fueron nutridos los grupos encuadrados en partidos de izquierda, como el PO, el PTS, Libres del Sur y Patria Grande.

Las únicas fuerzas políticas identificables como afines al gobierno nacional se ubicaron atrás de todo. Portando la bandera de la vicepresidencia de la FULP estuvieron representantes estudiantiles de la agrupación Rodolfo Walsh, de la facultad de Periodismo.

López desapareció de su domicilio en el barrio platense de Los Hornos el 18 de septiembre de 2006 mientras se sustanciaba el juicio por delitos de lesa humanidad ante el Tribunal Oral Federal 1, donde dio un testimonio clave sobre su secuestro ocurrido en octubre de 1976 y relató haber sido torturado por Etchecolatz mientras estuvo detenido en la Comisarí­a Quinta de La Plata.

La causa judicial por la desaparición de López iniciada por el juez Arnaldo Corazza no tiene imputados ni procesados y se espera que el 25 de septiembre el Consejo de la Magistratura designe nuevo juez tras el fallecimiento del magistrado Manuel Blanco, ocurrido días atrás.
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