En el proyecto que tipifica la desaparición forzada de personas, ¿quién habló de Jorge Julio López?

La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto que incorpora al Código Penal el delito de desaparición forzada de personas, y que modifica también para ello el Código Procesal Penal, en una votación casi unánime (157 votos afirmativos y una abstención).

La iniciativa, que tenía media sanción del Senado desde el año pasado, crea un nuevo tipo penal: la privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.

El proyecto se aprobó tras un breve tratamiento que incluyó los discursos de los diferentes sectores políticos que participaron en la elaboración del proyecto definitivo.

Entre las voces que expusieron sobre el proyecto, se destacó la de la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), hija de desaparecidos, quien se manifestó "convencida de que la definición de derechos humanos tiene que ver con el desarrollo de la lucha de los pueblos".

También expresó que "este Congreso viene a saldar una deuda en ese sentido para cumplir con la Convención Interamericana de Derechos Humanos".

"El pueblo argentino conoce sobradamente este tema. Sabemos lo que es no encontrar un ser querido, lo que es no encontrar respuestas del Estado y lo que es el padecimiento de los familiares y allegados de las personas que no encuentran; es un tema que no ha perdido actualidad", remarcó.

El proyecto, que había sido aprobado el año pasado por el Senado, recibió el martes el aval de las comisiones de Derechos Humanos y Legislación Penal.

La reforma realizada al Código Penal tipifica el delito de privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, con apoyo o aquiescencia del Estado.

Encuadra además ese hecho en la falta de información brindada desde el Estado, o en la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a informar sobre el paradero de esa persona.

Para ese ilícito se imponen penas de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada.

La norma determina además que cuando las desapariciones forzadas terminen en la muerte de la víctima o con la imposibilidad de sus familiares de hallarla, la pena será de prisión perpetua.

Esa misma condena se aplicará también en el caso de que la víctima sea una mujer embarazada, un menor de dieciocho años, un mayor de setenta, una persona con alguna discapacidad, o para alguien nacido durante la desaparición forzada de su madre.

Están contemplados algunos atenuantes: la escala penal podrá reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo si los involucrados liberan con vida a la víctima o proporcionan información que permita la efectiva aparición con vida.

La norma dispone también que el juez podrá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la causa si surge la presunción de que podrían estar involucradas en el hecho como autores o partícipes.

De acuerdo con el texto, los magistrados no podrán disponer el archivo de las causas hasta que la víctima no sea hallada o restituida su identidad.

Duro informe de la ONU sobre protección de testigos. (... y la no-vigilancia a los verdugos ¿no?...)

 Dice que en Argentina hay leyes inadecuadas, falta presupuesto y el personal de seguridad está poco preparado. También habla de descoordinación y superposición de tareas, asistencia insuficiente e incapacidad para prevenir amenzas.

Por María Arce

ALARMA. La desaparición de Julio López alertó al ACNUDH que encargó un informe sobre los testigos en Argentina.

A puertas cerradas. Así se celebró el seminario "Protección de testigos de graves violaciones a los derechos humanos" en Buenos Aires. Organizado por Naciones Unidas, allí se presentó un informe que puso bajo la lupa el trabajo del Gobierno a la hora de proteger a los testigos en juicios por crímenes de lesa humanidad. El reporte, que llegó desde Ginebra y al que Clarín.com acaba de tener acceso, puso a la defensiva a las autoridades nacionales que inauguraron el seminario.

El informe de 73 páginas fue presentado en marzo y destaca una serie de puntos positivos, pero también es lapidario en otras cuestiones: leyes inadecuadas, falta de normas específicas y de presupuesto, personal de seguridad poco preparado, descoordinación entre las agencias nacionales que brindan protección a los testigos, asistencia insuficiente e incapacidad de investigar y prevenir las amenzas son sus principales observaciones.

Durante dos días y por invitación, unas 40 personas debatieron los avances y deudas del Estado argentino en materia de protección de testigos en juicios contra los represores de la última dictadura. Para los funcionaios nacionales escuchar que –al margen de la voluntad política del Gobierno destacada por la ONU- las cuatro agencias nacionales que brindan protección trabajan descoordinadas, duplican esfuerzos, malgastan sus escasos recursos y complican aún más la ya difícil tarea de resguardar a un testigo, fue un trago amargo.

La protección de los testigos es una responsabilidad del Estado nacional, recordó el representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Amerigo Incalcaterra. "Argentina es un modelo a seguir en cuanto a la voluntad que ha demostrado por esclarecer los crímenes de lesa humanidad y evitar la impunidad, pero enfrenta limitaciones, obstaculos y deficiencias", le dijo a Clarín.com. "El Estado que violó los derechos en el pasado es el mismo que ahora debe garantizarlos", explicó. De hecho, ese es uno de los puntos que critica el trabajo: los testigos temen que los policías que los cuidan "tengan vinculación directa o ideológica con los acusados". Esto se debe a que nunca se creó una unidad de protección independiente de las Fuerzas de Seguridad y a que el sistema se vale muchas veces de las mismas policías que en el pasado reprimieron y torturaron.

Alarmado por la desaparición de Julio López hace casi cinco años tras declarar en contra del represor Miguel Etchecolatz, el ACNUDH encargó el informe. "La investigación sobre su desaparición parece encontrarse en un callejón sin salida", dice el trabajo que reúne más de un año de entrevistas a casi 100 jueces, fiscales, abogados de derechos humanos, testigos, víctimas, funcionarios nacionales y provinciales.

Al momento de la desaparición de López "Argentina no estaba preparada", dice el informe para hacer frente a esa situación. Incalcaterra también cree que el Estado no se encontraba en condiciones de proteger a la enorme cantidad de testigos de crímenes de lesa humanidad en ese entonces. "Sólo contaba con un pequeño plan nacional de protección de testigos de alto riesgo en casos de crimen organizado y tráfico de drogas", agrega el informe. Al año siguiente, Néstor Kichner amplió el mandato del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados (PNPT) -que viene a funcionar como el padre del sistema- reconociendo el problema. Pero no lo solucionó.

"La falta de coordinación entre las varias instituciones se ha documentado ampliamente", añade el informe. Es que en Argentina funcionan cuatro programas de protección (el PNPT, el PVJ, el PNNA y el CAVTE) con objetivos casi calcados que confunden a jueces y testigos que no saben a dónde y a quién recurrir en cada caso.

Lo cierto es que al margen del revuelto de gramajo que significan los mandatos de estos programas, la mayoría de las personas entrevistadas considera que las medidas de protección "no son adecuadas para testigos en juicios de derechos humanos", dice el informe. "Los testigos no reciben una protección adecuada en el marco del sistema actual. Varias personas dentro de las instituciones responsables para la protección de testigos lo reconocen", aseguró Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS al particiar del seminario y pidió que se cree "una ventanilla única" que supla al enjambre de entidades.

Otro de los puntos que debatieron en el seminario fue la capacitación de los encargados de cuidar a los testigos, quienes "con renuencia, aceptan la protección policial que les asignan". Para el reporte se trata de "agentes sin preparación o experiencia en la proteccion de testigos". Y por eso, dicen las víctimas, se han sentido más vulnerables. Cuando "el Estado emplea las mismas estructuras que en su momento cometieron o ampararon violaciones a los derechos humanos, no sirve", explicó Incalcaterra.

Una excepeción es la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Creada en 2005 y sin vínculos con la dictadura, goza de un prestigio y una confianza que la ubica como la más idónea para resguardar a los testigos. Según el informe, esto se debe a que su entonces director, Marcelo Saín, fue el primer director del PNPT. Pero Saín dio un portazo después de quejarse públicamente de no haber recibido el apoyo ni los recursos suficientes. Pero la impronta y las directivas de Sain germinaron y la PSA ha demostrado "profesionalidad, competencia y un compromiso firme con los valores democráticos", subraya el informe de la ONU.

Otra de las falencias es el limitado alcance que tienen los programas de protección en el interior del país. Por ejemplo, el PNPT se instala en el interior luego de recibir una denuncia puntual. Mientras tanto, los testigos quedan a la buena de Dios.

Este programa "no tiene capacidad para desarrollar investigaciones y, por tanto, es incapaz de evaluar las amenazas en profundidad". De nuevo, los testigos están librados a su suerte. Para tratar de potegerlos se suele implementar medidas que van desde el cambio de domicilio hasta el de identidad. Medidas intrusivas que los devuelven a la clandestinidad como si estuvieran en la dictadura. En vez de trabajar en neutralizar la amenaza, los programas se encargan de esconder al testigo. Para el informe, los programas no tienen capacidad ni recursos para investigar ni hacer Inteligencia que los proteja.

Otro de los puntos flacos es que, al momento de redactarse el informe, la ayuda económica que recibían los testigos –que muchas veces deben dejar de trabajar- se limita a un máximo de seis meses. Si la persona aún precisa aistencia tras ese lapso debe buscarla en otra parte.

Aunque para Incalcaterra es más importante la voluntad política que ha demostrado el Gobierno que los recursos que le da a los programas, el informe destaca: "Estos organismos no pueden realizar sus tareas con el presupuesto que se les ha asignado".

Si bien el reporte destaca la calidad del personal de los programas y dice que sus fallas no se deben a ellos, el Estado aún debe mejorar ese punto. Muchos jueces y fiscales no están capacitados para tratar a testigos amenazados. No saben a dónde deben remitirlos para que los protegan ni qué hacer con ellos. En una causa contra represores, un testigo fue notificado con todos sus datos personales en la misma cédula en la que figuraban los acusados. Por eso, durante el seminario, se planteó la necesidad de elaborar protocolos que orienten al sistema judicial.

Al margen del Poder Ejecutivo y el Judicial, el Congreso también lleva una cuota de responsabilidad. "La Ley 25.764 sobre protección de testigos e imputados no es el marco adecuado para la protección de testigos en juicios por "terrorismo de estado" y por otras violaciones de derechos humanos. La ley, concebida para el crimen organizado, no toma en consideración la naturaleza del testigo", apunta el informe que reclama un nuevo marco legal. Desde el 2008, descansan varios proyectos de ley específicos sobre protección de testigos. "Esperamos que después del seminario resuciten y veamos una discusión parlamentaria en breve", se esperanzó Incalcaterra.

Las autoridades nacionales sabían que se iba apresentar este informe y, aunque desconocían su contenido, no son ajenos a la realidad. Por eso anunciaron un convenio para implementar el exitoso programa que puso en marcha el gobierno de Córdoba en 14 provincias. "Probablemente el mejor programa provincial de protección de testigos en casos de terrorismo de Estado", dice el informe. Pero llevar adelante ese convenio tomará su tiempo. Hasta entonces será una carta de buenas intenciones que, por ahora, deja afuera al resto de las provincias y sus testigos