Justicia Ya acude a la CIDH por JORGE JULIO LOPEZ




A 7 años de la desaparición del testigo, organismos de DDHH denunciarán la parálisis del expediente; "Es imperioso recurrir a esta vía internacional", explicaron las entidades en un comunicado

A siete años y siete meses de producido el secuestro  y no habiendo sido satisfecho  por el estado el deber de encontrar al compañero, creemos imperioso recurrir a esta vía internacional a fin de lograr que insten al cumplimiento de esta obligación a los responsables de  llevar a cabo las medidas necesarias, conducentes a dar con el paradero de Jorge Julio López”, se anunció desde  Justicia YA

"Creemos imperioso recurrir a esta vía internacional a fin de lograr que insten al cumplimiento de esta obligación para dar con el paradero de Jorge Julio López, encontrando a los culpables, sean estos ejecutores directos o intelectuales de su desaparición forzada para que sean llevados a la justicia", señalaron en un comunicado.

Secuestrado por primera vez en la última dictadura, López se convirtió en un testigo clave sobre los crímenes de la patota de Miguel Etchecolatz en varios centros clandestinos de detención del Circuito Camps. El 18 de septiembre de 2006, fue nuevamente desaparecido.
Carolina Vilches, de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL),  adelantó que el argumento central para recurrir a la CIDH es la demora de más de siete años sin respuesta por parte del Estado y "un expediente judicial a foja cero, con líneas investigativas poco claras y con ningún imputado".

La abogada señaló: "Con un expediente paralizado, vemos que el Estado va a perpetuar esta impunidad y vamos a reclamar para que la Comisión Interamericana pueda observar el caso y decirnos si estamos en la postura correcta." Según Vilches, el objetivo es que la CIDH le diga al Estado que la causa López "debe ser investigada y se debe llegar a la verdad".

Uno de los requisitos para recurrir a la CIDH es la demora de la causa, que no tiene imputados y que no ha logrado hallar al testigo desaparecido. "Se agotaron las vías judiciales internas. La finalizad nuestra es que no se perpetúe la impunidad. Para esta denuncia, el paso del tiempo es un elemento importante", agregó Vilches.

En la misma línea, la intención es a instancias del organismo internacional se encuentre a los culpables de López, principal testigo en la causa llevada adelante contra el ex policía y represor Miguel Ángel Etchecolatz, mano derecha del jefe de la Bonaerense dictatorial, Ramón Camps.

“Aparición con vida Ya de Jorge Julio López” y “Juicio y castigo a todos los responsables de su desaparición” son las consignas que se han levantado en cada aniversario de su desaparición y que las organización de Derechos Humanos vuelven a enarbolar para exigir avances concretos.

Por su parte Nilda Eloy, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, manifestó : “Es el paso previo para llegar a la Corte Internacional.  “Entendemos que hemos agotado todas las instancias dentro de la justicia federal, aportamos lo necesario y llegamos varias veces a la Corte Suprema, pero nunca hubo respuestas” “Siempre tratamos de buscar alguna alternativa más, el año pasado fue la presentación de habeas corpus. No podemos como ellos esperar información, nosotros necesitamos justicia”,

Los militantes por los derechos humanos, decidieron recurrir a esta vía internacional a fin de lograr que insten al cumplimiento de esta obligación a los responsables de llevar a cabo las medidas necesarias, conducentes a dar con el paradero de Jorge Julio López, encontrando a los culpables, sean estos ejecutores directos o intelectuales de su desaparición forzada para que sean llevados a la justicia.
López desapareció de su domicilio en el barrio Los Hornos, en la ciudad de La Plata, una mañana cuando se dirigía a presenciar la audiencia de alegatos en el juicio que se desarrollaba en los Tribunales Federales de esa ciudad.
La investigación, que estuvo en manos de distintos jueces, se encuentra en el juzgado de Manuel Blanco, sin que hasta el momento existan detenidos ni procesados.

La iniciativa es llevada a cabo por :  la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL),  Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH);  Comité de Acción Jurídica (CAJ); Federación Universitaria de La Plata (FULP); HIJOS La Plata; Liberpueblo; Unión por los Derechos Humanos, La Plata; e integrantes de Justicia YA! La Plata.

HIJOS LA PLATA : Reclamo por Jorge Julio Lopez ante la CIDH


Un centenar de marchas, habeas corpus, escritos judiciales, recusaciones, cartas, presentaciones, reuniones con funcionarios, escraches, charlas, conferencias de prensa, radios abiertas, publicaciones, murales, afiches y volantes no han sido suficientes, y el Estado argentino sigue mirando para otro lado. El poder ejecutivo evita mencionar el caso, la justicia administra la impunidad y los legisladores hacen mutis por el foro.
Vamos parejito hacia los 8 años de impunidad en el caso del secuestro y desaparición del compañero Jorge Julio Lopez y no nos dejan otra opción. Desde el espacio Justicia Ya La Plata vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Esta elaborada tardanza judicial contrasta con la celeridad con que el juez Manuel Humberto Blanco, a cargo de la causa Lopez y de la instrucción de todas las causas contra los genocidas del “Circuito Camps”, nos contestó la masiva presentación de Habeas Corpus con que salimos a denunciar los 7 años de impunidad en la causa. Presentados en los tribunales de 8 y 50 a las 9 de la mañana del 18 de septiembre de 2013, Blanco contestó los habeas a las 11:45 y dijo que tal denuncia “no resulta el medio idóneo a fin de determinar el motivo de la desaparición” ni tampoco “la identificación de los autores” porque “dichos extremos son objeto de amplia investigación penal”. Con ello mandó a los querellantes en la causa al expediente porque “es allí donde, a mi criterio, deberán solicitar la concreción de las medidas probatorias que se pretenden”. Como pequeña victoria, por lo menos el juez de la causa desestimó sin costas el recurso.

Asimismo, los fiscales Hernán Schapiro y Marcelo Molina, de la Unidad Fiscal de Trabajo especialmente creada para seguir las causas a los genocidas, contestaron ante la masiva presentación de Habeas con un informe en donde describen levemente el derrotero de la causa las medidas que ellos han pedido. Sorprendidos por los inoportunos Habeas, los fiscales agregaron que “todas las medidas requeridas por este Ministerio Público fueron proveídas por el entonces juez a cargo de la instrucción, sin haberse obtenido hasta el momento ningún dato concreto que haya colaborado a dar con el paradero de Lopez”. Punto. Eso es todo. No alcanzan para el juez y los fiscales, máximos responsables de la investigación, los 42 cuerpos principales de la causa, los 57 legajos anexados y sus líneas investigativas autónomas, ni los 74 anexos federales de intervenciones telefónicas. Nunca alcanzarán si no se buscó donde se debía desde el principio: la Mejor Maldita Policía del Mundo.

No nos dejan otra opción entonces, si los encargados de investigar aquí en el país no tienen resultados. Esto no debería sorprender si tenemos en cuenta que, en la tierra de los 30 mil desaparecidos, el Estado argentino tardó 28 años concluida la dictadura en incluir la figura específica de la desaparición forzada de persona en su Código Penal, y que sólo lo hizo tras recibir una sanción externa y como medida parcial por un caso impune en plena “democracia”. Así, el 18 de mayo de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió una demanda contra la República Argentina por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de Iván Eladio Torres ocurrida el 3 de octubre de 2003 en Comodoro Rivadavia, Chubut, y por la posterior falta de debida diligencia en la investigación de los hechos, así como la denegación de justicia en perjuicio de sus familiares.
La Comisión solicitó a la Corte Interamericana que declare que en el caso de Iván el Estado es responsable por la violación de varios derechos suscriptos por Argentina en los tratados Internacionales de DDHH: Derecho a la Libertad Personal, a la Integridad Personal, a la Vida, al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica, a las Garantías y Protección Judicial. Además, la Comisión pidió a la Corte que ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación, tales como:
-               Realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
-               Realización de una investigación exhaustiva sobre el destino o paradero de Iván Torres y sobre los hechos objeto del caso.
-               Adoptar medidas legislativas para tipificar como delito la desaparición forzada de personas y para adecuar el derecho interno a los estándares consagrados en la Convención.
-               Medidas de compensación económica a la familia.

La Corte Interamericana  falló confirmando los pedidos de la Comisión y condenando a Argentina en Agosto de 2011. A más de 10 años de la desaparición de Iván, y a casi 3 años de aquella condena, el Estado argentino sólo modificó parcialmente su legislación para incluir la figura de la desaparición forzada, pero en junio de 2013 se le vencieron todos los plazos para cumplir el resto de las penas impuestas por la Corte. Ante esta desidia María Millacura, la madre de Iván, evalúa llevar el caso hasta la Corte Penal Internacional, para dar cuenta de una práctica sistemática del poder policial, que tiene el aval del poder político y la connivencia por inoperancia del Poder Judicial. Así lo prueban los más de 200 casos de desaparición forzada de personas desde el ’83 a la fecha que, como ningún órgano del Estado contabiliza, recordamos siempre los organismos de DD.HH. independientes.
El caso Torres se dio al inicio de la gestión nacional kirchnerista, autodefinida como “dékada ganada”, y durante el final de la gobernación de José Lizurume en Chubut. La única medida concreta que generó en la provincia fue la cosmética supresión de la Secretaría de Seguridad y el paso de la policía a la órbita del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia.

Y aunque el camino hacia la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene antecedentes condenatorios al Estado, como lo ilustra el caso Iván Torres, ello tampoco ha sido suficiente.
Con todo, no nos dejan otra opción, más que continuar la lucha en las calles al único grito que hemos aprendido en estos años: ¡Ahora, ahora, resulta indispensable. Aparición con vida, el gobierno es responsable!

HIJOS LA PLATA
Mayo 2014