Duro informe de la ONU sobre protección de testigos. (... y la no-vigilancia a los verdugos ¿no?...)

 Dice que en Argentina hay leyes inadecuadas, falta presupuesto y el personal de seguridad está poco preparado. También habla de descoordinación y superposición de tareas, asistencia insuficiente e incapacidad para prevenir amenzas.

Por María Arce

ALARMA. La desaparición de Julio López alertó al ACNUDH que encargó un informe sobre los testigos en Argentina.

A puertas cerradas. Así se celebró el seminario "Protección de testigos de graves violaciones a los derechos humanos" en Buenos Aires. Organizado por Naciones Unidas, allí se presentó un informe que puso bajo la lupa el trabajo del Gobierno a la hora de proteger a los testigos en juicios por crímenes de lesa humanidad. El reporte, que llegó desde Ginebra y al que Clarín.com acaba de tener acceso, puso a la defensiva a las autoridades nacionales que inauguraron el seminario.

El informe de 73 páginas fue presentado en marzo y destaca una serie de puntos positivos, pero también es lapidario en otras cuestiones: leyes inadecuadas, falta de normas específicas y de presupuesto, personal de seguridad poco preparado, descoordinación entre las agencias nacionales que brindan protección a los testigos, asistencia insuficiente e incapacidad de investigar y prevenir las amenzas son sus principales observaciones.

Durante dos días y por invitación, unas 40 personas debatieron los avances y deudas del Estado argentino en materia de protección de testigos en juicios contra los represores de la última dictadura. Para los funcionaios nacionales escuchar que –al margen de la voluntad política del Gobierno destacada por la ONU- las cuatro agencias nacionales que brindan protección trabajan descoordinadas, duplican esfuerzos, malgastan sus escasos recursos y complican aún más la ya difícil tarea de resguardar a un testigo, fue un trago amargo.

La protección de los testigos es una responsabilidad del Estado nacional, recordó el representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Amerigo Incalcaterra. "Argentina es un modelo a seguir en cuanto a la voluntad que ha demostrado por esclarecer los crímenes de lesa humanidad y evitar la impunidad, pero enfrenta limitaciones, obstaculos y deficiencias", le dijo a Clarín.com. "El Estado que violó los derechos en el pasado es el mismo que ahora debe garantizarlos", explicó. De hecho, ese es uno de los puntos que critica el trabajo: los testigos temen que los policías que los cuidan "tengan vinculación directa o ideológica con los acusados". Esto se debe a que nunca se creó una unidad de protección independiente de las Fuerzas de Seguridad y a que el sistema se vale muchas veces de las mismas policías que en el pasado reprimieron y torturaron.

Alarmado por la desaparición de Julio López hace casi cinco años tras declarar en contra del represor Miguel Etchecolatz, el ACNUDH encargó el informe. "La investigación sobre su desaparición parece encontrarse en un callejón sin salida", dice el trabajo que reúne más de un año de entrevistas a casi 100 jueces, fiscales, abogados de derechos humanos, testigos, víctimas, funcionarios nacionales y provinciales.

Al momento de la desaparición de López "Argentina no estaba preparada", dice el informe para hacer frente a esa situación. Incalcaterra también cree que el Estado no se encontraba en condiciones de proteger a la enorme cantidad de testigos de crímenes de lesa humanidad en ese entonces. "Sólo contaba con un pequeño plan nacional de protección de testigos de alto riesgo en casos de crimen organizado y tráfico de drogas", agrega el informe. Al año siguiente, Néstor Kichner amplió el mandato del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados (PNPT) -que viene a funcionar como el padre del sistema- reconociendo el problema. Pero no lo solucionó.

"La falta de coordinación entre las varias instituciones se ha documentado ampliamente", añade el informe. Es que en Argentina funcionan cuatro programas de protección (el PNPT, el PVJ, el PNNA y el CAVTE) con objetivos casi calcados que confunden a jueces y testigos que no saben a dónde y a quién recurrir en cada caso.

Lo cierto es que al margen del revuelto de gramajo que significan los mandatos de estos programas, la mayoría de las personas entrevistadas considera que las medidas de protección "no son adecuadas para testigos en juicios de derechos humanos", dice el informe. "Los testigos no reciben una protección adecuada en el marco del sistema actual. Varias personas dentro de las instituciones responsables para la protección de testigos lo reconocen", aseguró Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS al particiar del seminario y pidió que se cree "una ventanilla única" que supla al enjambre de entidades.

Otro de los puntos que debatieron en el seminario fue la capacitación de los encargados de cuidar a los testigos, quienes "con renuencia, aceptan la protección policial que les asignan". Para el reporte se trata de "agentes sin preparación o experiencia en la proteccion de testigos". Y por eso, dicen las víctimas, se han sentido más vulnerables. Cuando "el Estado emplea las mismas estructuras que en su momento cometieron o ampararon violaciones a los derechos humanos, no sirve", explicó Incalcaterra.

Una excepeción es la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Creada en 2005 y sin vínculos con la dictadura, goza de un prestigio y una confianza que la ubica como la más idónea para resguardar a los testigos. Según el informe, esto se debe a que su entonces director, Marcelo Saín, fue el primer director del PNPT. Pero Saín dio un portazo después de quejarse públicamente de no haber recibido el apoyo ni los recursos suficientes. Pero la impronta y las directivas de Sain germinaron y la PSA ha demostrado "profesionalidad, competencia y un compromiso firme con los valores democráticos", subraya el informe de la ONU.

Otra de las falencias es el limitado alcance que tienen los programas de protección en el interior del país. Por ejemplo, el PNPT se instala en el interior luego de recibir una denuncia puntual. Mientras tanto, los testigos quedan a la buena de Dios.

Este programa "no tiene capacidad para desarrollar investigaciones y, por tanto, es incapaz de evaluar las amenazas en profundidad". De nuevo, los testigos están librados a su suerte. Para tratar de potegerlos se suele implementar medidas que van desde el cambio de domicilio hasta el de identidad. Medidas intrusivas que los devuelven a la clandestinidad como si estuvieran en la dictadura. En vez de trabajar en neutralizar la amenaza, los programas se encargan de esconder al testigo. Para el informe, los programas no tienen capacidad ni recursos para investigar ni hacer Inteligencia que los proteja.

Otro de los puntos flacos es que, al momento de redactarse el informe, la ayuda económica que recibían los testigos –que muchas veces deben dejar de trabajar- se limita a un máximo de seis meses. Si la persona aún precisa aistencia tras ese lapso debe buscarla en otra parte.

Aunque para Incalcaterra es más importante la voluntad política que ha demostrado el Gobierno que los recursos que le da a los programas, el informe destaca: "Estos organismos no pueden realizar sus tareas con el presupuesto que se les ha asignado".

Si bien el reporte destaca la calidad del personal de los programas y dice que sus fallas no se deben a ellos, el Estado aún debe mejorar ese punto. Muchos jueces y fiscales no están capacitados para tratar a testigos amenazados. No saben a dónde deben remitirlos para que los protegan ni qué hacer con ellos. En una causa contra represores, un testigo fue notificado con todos sus datos personales en la misma cédula en la que figuraban los acusados. Por eso, durante el seminario, se planteó la necesidad de elaborar protocolos que orienten al sistema judicial.

Al margen del Poder Ejecutivo y el Judicial, el Congreso también lleva una cuota de responsabilidad. "La Ley 25.764 sobre protección de testigos e imputados no es el marco adecuado para la protección de testigos en juicios por "terrorismo de estado" y por otras violaciones de derechos humanos. La ley, concebida para el crimen organizado, no toma en consideración la naturaleza del testigo", apunta el informe que reclama un nuevo marco legal. Desde el 2008, descansan varios proyectos de ley específicos sobre protección de testigos. "Esperamos que después del seminario resuciten y veamos una discusión parlamentaria en breve", se esperanzó Incalcaterra.

Las autoridades nacionales sabían que se iba apresentar este informe y, aunque desconocían su contenido, no son ajenos a la realidad. Por eso anunciaron un convenio para implementar el exitoso programa que puso en marcha el gobierno de Córdoba en 14 provincias. "Probablemente el mejor programa provincial de protección de testigos en casos de terrorismo de Estado", dice el informe. Pero llevar adelante ese convenio tomará su tiempo. Hasta entonces será una carta de buenas intenciones que, por ahora, deja afuera al resto de las provincias y sus testigos