JUEZ BLANCO: LA PERPETUA IMPUNIDAD Y CÓMO LOGRARLA

 Justicia YA! La Plata

COMUNICADO
 
          Días pasados el Juez Blanco agregó un nuevo eslabón a la larga cadena de impunidad acerca de las desapariciones de Jorge Julio López.
          El magistrado liberó a los ex policías Carlos Basualto, Julio Pasquale, José Orellana y Héctor Herrera. En el año 1999, López había declarado en el Juicio por la Verdad que se desarrolla en la Ciudad de La Plata que los había reconocido como integrantes de la “patota” de la comisaría 5ª, pero el juez desacreditó su testimonio al calificarlo de “vago” e “impreciso”. Y lo fundamentó al decir que “el albañil debería haber comunicado a los organismos correspondientes los aberrantes sucesos mucho tiempo antes o documentado dicha circunstancia. Lamentablemente, el tiempo transcurrido opera en detrimento de la búsqueda de la verdad”. Blanco se permitió agregar que “ese reproche no puede soslayarse porque tenía la obligación y el derecho de denunciar lo acontecido, como lo hicieron otras víctimas, madres, abuelos, y tantas otras que sufrieron igual que él, o más aún”.
         El juez ofende a López, ofende a los sobrevivientes, ofende a los familiares y al conjunto de compañeros y víctimas del genocidio perpetrado por la dictadura cívico-militar instaurada en 1976  y ofende a la memoria colectiva.
          Manuel Humberto Blanco es el juez responsable de la causa López. Es el que debería haber investigado la segunda desaparición de López. Es el que a seis años del hecho no ha efectuado ninguna detención, garantizando de esta manera la impunidad de sus secuestradores. Es el juez de la causa que investiga la segunda desaparición de López garantizando que, luego de 6 años, no haya ningún detenido.
          En realidad es este juez quien lleva adelante todas las causas de delitos contra la humanidad en forma realmente vaga e imprecisa. Ya hemos denunciado en forma reiterada las irregularidades, demoras, desguaces y revictimización  en que incurre el Dr. Blanco; algunas y a modo de ejemplo: residuales Unidad Penitenciaria Nº 9; CCD La Cacha; Causa Nº 15274 Ferreyro (torturador que se desempeñó en el CCD “El Infierno”), a quien en primera instancia el juez sobreseyó por el delito de violación sin convocar a ninguno de los testigos del hecho y sosteniendo que “no surge a mi criterio elementos suficientes para evidenciar siquiera el hecho, con el grado de certeza requerido en esta etapa sumaria, ni su motivación”.
 Las causas por los hechos ocurridos en Comisaría 8va, Cementerio de La Plata, y el CCD que funcionó en 1 y 60, están paralizadas desde el momento en que se abrieron, el 26 de marzo de 2003.  Igualmente paralizadas están las causas CNU y varias causas por apropiación de niños y niñas durante la dictadura militar.
          El juez Blanco ya fue denunciado por esta querella ante el Consejo de la Magistratura por denegación de justicia. La respuesta obtenida no fue menos vergonzosa que el accionar del juez.    
          En cuanto a la Causa López, Blanco la tiene bajo su órbita desde que su par Arnaldo Corazza renunciara a seguir investigando después de desviar sistemáticamente todas las líneas de investigación que apuntaban a la bonaerense. En un principio optó por radicar la causa en una Secretaría común de su juzgado que la desconocía por completo, y luego la delegó en el fiscal Franco quien la rechazó una y otra vez. Todo concluyó varios meses después, con el apartamiento del fiscal de la causa, y sin que ninguna actividad útil se haya evidenciado hasta el día de hoy. Transcurridos ya más de6 años del segundo secuestro y desaparición de López, podemos afirmar que hamediado por parte del juez Blanco una ostensible orfandad investigativa, negligencias eirregularidades de toda índole, que han impedido el avance de todas las líneasinvestigativas, y han producido lisa y llanamente, el encubrimiento de los posiblesculpables.
          La querella del colectivo Justicia Ya – La Plata!  en el reciente alegato ante el TOF 1 de La Plata expresó “la paradoja de que quien debería responder sobre los responsables de su segunda desaparición lo interpela y le reclama ‘precisiones’ por su primer secuestro, le reprocha su tardanza –olvidando las leyes de impunidad y su propia incompetencia – dice que López tenía obligación de denunciar como si fuera una carga pública y se atreve a medir su grado de sufrimiento”.
 
Repudiamos una vez más a jueces que como Blanco garantizan la continuidad de la impunidad de los genocidas.
 
Exigimos a los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo su urgente intervención para la inmediata separación de Blanco de las causas de lesa humanidad, el  juicio político y su exoneración, por entender que el proceder de este nefasto juez se contrapone totalmente con la debida administración de justicia.
La Plata, 10/12/12


Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD); Central de Trabajadores Argentinos (CTA) La Plata-Ensenada.; Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados La Ciega; Insurrectos- Trabajo Social (UNLP); Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); HIJOS La Plata; Unión por los Derechos Humanos, La Plata, integrantes de Justicia YA! La Plata
 
Teléfonos de contacto:

Carlos Zaidman (AEDD): (0221) 15 573 1407
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Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y Justicia Ya, plantearán Juicio Político al Juez que "culpabilizó" a López

Fiscales cuestionan a Blanco por “revictimizar” a Julio López
 “Parece desconocer los procesos históricos” y el “estrés post traumático que sufren las víctimas”, manifestaron en una apelación al fallo en el que el juez reprochó que el albañil demoró en declarar. Los organismos analizan un posible juicio político.

Jorge Julio López, durante la inspección a la Comisaría Quinta de La Plata
Por Pablo Spinelli spinellipa@gmail.com
@spinellipa


Las expresiones de “reproche” del juez Manuel Humberto Blanco, en las que cuestiona a Jorge Julio López porque se demoró en declarar lo que sufrió mientras estuvo detenido-desaparecido en tiempos de la dictadura, tuvo duras reacciones de parte de los fiscales que llevan adelante la causa por la cual el magistrado emitió el fallo en el que plantea tales opiniones; y de los organismos de Derechos Humanos, que analizan promover un juicio político o plantear un recurso de denegatoria de Justicia. También se plantearon la necesidad de que ese juez deje de entender en las causas vinculadas con delitos de lesa humanidad.

La línea argumental común de todos los sectores apunta a que poner en cuestión el testimonio de López, porque fue realizado varios años después de ocurridos los hechos, es poner también en tela de juicio muchos otros testimonios de sobrevivientes que fueron realizados incluso después al del albañil de Los Hornos, y que ya fueron tomados como prueba para condenar a varios represores.

La crítica de los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Gerardo Fernández se canalizó a través de una apelación del fallo de Blanco que decretó la falta de mérito de cuatro ex policías que trabajaron en la Comisaría Quinta en tiempos de la dictadura. Más allá de plantear que el juez valoro mal el testimonio de López con el que ubicó a dos de los efectivos en ese lugar en el momento en el que él estuvo detenido, dedicaron varios párrafos a criticar el “reproche” del juez a la demora con la que López declaró.

“Esas afirmaciones parecen desconocer los procesos históricos atravesados por nuestro país en los últimos treinta años y, específicamente, sobre el estrés post traumático que sufren las víctimas de los crímenes del terrorismo de Estado y sus consecuencias”, dicen los fiscales.
Y al desmenuzar el fundamento de Blanco, cuando leen que el juez plantea que la víctima debió denunciar antes los hechos, responde: “Recordemos que López fue secuestrado el 27 de octubre de 1976 y que recuperó su libertad el 25 de junio de 1979. En esos tres años fue víctima de agentes estatales, muchos de los eran sus vecinos en Los Hornos. Es por ello que entendemos que poner sobre el testigo víctima la carga de denunciar y documentar sus sufrimientos, cuando fue el propio Estado en la clandestinidad, a través de sus agentes, el que lo victimizó y se encargó de borrar las pruebas, es volver a victimizar a López”.

Los fiscales también cuestionan que Blanco soslaya el contexto en el que vivió López hasta denunciar por primera vez estos hechos, en 1999. “Antes de eso –dicen- las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y luego los indultos a condenados y procesados bloquearon cualquier posibilidad de procurar justicia. Es por ello que no puede afirmarse que era esperable que López fuera a denunciar a muchos de sus vecinos policías en un contexto de impunidad total respecto de los crímenes que él y sus compañeros sufrieron”.

También avanzan sobre el contexto íntimo en que López vivió los años posteriores a su liberación: “Su familia siempre se negó a que realizara denuncias y en 1999, cuando declaró en el Juicio por la Verdad, lo hizo a escondidas de su esposa y sus hijos, al igual que las dos oportunidades siguientes, en noviembre de 2005”.

Finalmente, consideran que lo manifestado por el juez sobre la existencia de otros testigos y víctimas que obraron de forma distinta que López, y sufrieron “igual” que López “o más aún”, “resulta una ponderación innecesaria que nada aporta al análisis de las imputaciones por el testigo realizada”.

Posible jury. Con argumentos similares, organismos como la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y el Colectivo Justicia Ya! manifestaron su indignación ante los argumentos de Blanco y analizan varios caminos para que ese malestar se traduzca en acciones concretas. La posibilidad de impulsar un juicio político es una de ellas, pero también lo es plantear un recurso de denegatoria de Justicia.

Pero el objetivo de mínima que se plantean es que Blanco deje de tener a su cargo causas vinculadas con delitos de lesa humanidad. Sostienen que si aplica el mismo criterio que con López, entrarían en crisis decenas de testimonios que declararon por primera vez incluso después del albañil.

Así lo indicó la ex detenida Nilda Eloy, quien consideró que su propio caso podría ser “reprochado” por Blanco como lo hizo con López. “Mi testimonio es posterior al de Jorge”, dijo la mujer, quien declaró recién en 2005, cuando se desarrollaba la instrucción del juicio que un año después condenaría a perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz.