DECISION EN UNA CAUSA VINCULADA CON EL CASO LOPEZ
Por Adriana Meyer
En la investigación judicial por la desaparición del testigo Jorge Julio López lo único que avanzó fue la denuncia de su familia contra quienes “no lo cuidaron”: los funcionarios judiciales que intervinieron en el proceso contra el genocida Miguel Etchecolatz, los que llevaron adelante el Juicio por la Verdad en La Plata y las abogadas de López. El juez federal Manuel Blanco los sobreseyó a todos en una reciente resolución en la que consideró que los acusados no tuvieron los indicios necesarios como para presumir que el albañil estaba en peligro, y menos aún la voluntad de no protegerlo. “No hay nada que investigar, ni siquiera de qué sobreseernos, no podemos dar lugar al ‘por algo será’ otra vez y cargar las dudas contra aquellos que militamos con él contra la impunidad”, dijo a Página/12 Myriam Bregman, una de las abogadas de López. “Esta denuncia contra los que ‘deberían haber cuidado a Julio’, entre ellos sus abogadas y compañeros, debió ser archivada inmediatamente”, agregó.
A poco de cumplirse dos años de la desaparición, su esposa y uno de sus hijos, con el abogado Alfredo Gascón, y Hugo Wortman Yofre por la Fundación Soporte, habían presentado esta denuncia contra quienes no evitaron su secuestro. El cuestionado camarista Alberto Durán hizo lugar al pedido que apuntaba a “aquellos que según el Código de Procedimiento Penal deben velar por la seguridad de los testigos, y a todo el mundo porque un albañil fue a declarar con toda su buena voluntad y está desaparecido”. El juez federal Arnaldo Corazza y el fiscal Marcelo Molina la desestimaron pero finalmente el fiscal Guillermo Ferrara impulsó la acción penal, que recayó en el juzgado de Manuel Blanco porque la Cámara había separado a Corazza. Como efecto colateral, este magistrado decidió apartarse de la causa madre por sentir que la denuncia de la familia le provocaba “violencia moral”, y ese expediente pasó también a Blanco.
Fueron acusados los camaristas y el fiscal del Juicio por la Verdad, en el que López declaró el 7 de julio de 1999 (Reboredo, Schiffrin, Nogueira, Pacilio y Piaggio), los jueces, camaristas y fiscal del caso Etchecolatz (Corazza, Rozanski, Insaurralde, Lorenzo y Dulau Dumm) y los abogados Fernando Molinas, Liliana Mazea, Guadalupe Godoy y Bregman. A ellos se atribuyó haber “omitido solicitar y otorgar protección a López, por haber sido citado a testificar en cuatro oportunidades, teniendo en cuenta que desde el 18 de septiembre de 2006 está desaparecido”. Los funcionarios fueron imputados por “no haber dispuesto ninguna medida de seguridad física o psicológica respecto del testigo”. Según la resolución a la que tuvo acceso Página/12, los secretarios de esos juzgados y tribunales declararon que López nunca expresó sentirse amenazado o en peligro. “Pretender que luego del trágico hecho, los jueces y fiscales que llevaron a cabo la investigación a la que el testigo efectuó sus aportes deban afrontar las consecuencias de aquél resultaría manifiestamente irrazonable”, expresó el juez Blanco. Y concluyó que “López omitió solicitar protección porque no vislumbró el peligro que lo acechaba”.
La abogada Godoy dijo a este diario que el equipo de abogados que integró fue sobreseído “sin haber sido jamás notificados ni tomado conocimiento de la imputación, por lo tanto los argumentos por los cuales nos sobreseen no son los nuestros, nunca nos escucharon”. A poco de cumplirse seis años de la desaparición de López, su caso está paralizado. Las únicas novedades aparecen en las ramificaciones del expediente principal.
Por Adriana Meyer
En la investigación judicial por la desaparición del testigo Jorge Julio López lo único que avanzó fue la denuncia de su familia contra quienes “no lo cuidaron”: los funcionarios judiciales que intervinieron en el proceso contra el genocida Miguel Etchecolatz, los que llevaron adelante el Juicio por la Verdad en La Plata y las abogadas de López. El juez federal Manuel Blanco los sobreseyó a todos en una reciente resolución en la que consideró que los acusados no tuvieron los indicios necesarios como para presumir que el albañil estaba en peligro, y menos aún la voluntad de no protegerlo. “No hay nada que investigar, ni siquiera de qué sobreseernos, no podemos dar lugar al ‘por algo será’ otra vez y cargar las dudas contra aquellos que militamos con él contra la impunidad”, dijo a Página/12 Myriam Bregman, una de las abogadas de López. “Esta denuncia contra los que ‘deberían haber cuidado a Julio’, entre ellos sus abogadas y compañeros, debió ser archivada inmediatamente”, agregó.
A poco de cumplirse dos años de la desaparición, su esposa y uno de sus hijos, con el abogado Alfredo Gascón, y Hugo Wortman Yofre por la Fundación Soporte, habían presentado esta denuncia contra quienes no evitaron su secuestro. El cuestionado camarista Alberto Durán hizo lugar al pedido que apuntaba a “aquellos que según el Código de Procedimiento Penal deben velar por la seguridad de los testigos, y a todo el mundo porque un albañil fue a declarar con toda su buena voluntad y está desaparecido”. El juez federal Arnaldo Corazza y el fiscal Marcelo Molina la desestimaron pero finalmente el fiscal Guillermo Ferrara impulsó la acción penal, que recayó en el juzgado de Manuel Blanco porque la Cámara había separado a Corazza. Como efecto colateral, este magistrado decidió apartarse de la causa madre por sentir que la denuncia de la familia le provocaba “violencia moral”, y ese expediente pasó también a Blanco.
Fueron acusados los camaristas y el fiscal del Juicio por la Verdad, en el que López declaró el 7 de julio de 1999 (Reboredo, Schiffrin, Nogueira, Pacilio y Piaggio), los jueces, camaristas y fiscal del caso Etchecolatz (Corazza, Rozanski, Insaurralde, Lorenzo y Dulau Dumm) y los abogados Fernando Molinas, Liliana Mazea, Guadalupe Godoy y Bregman. A ellos se atribuyó haber “omitido solicitar y otorgar protección a López, por haber sido citado a testificar en cuatro oportunidades, teniendo en cuenta que desde el 18 de septiembre de 2006 está desaparecido”. Los funcionarios fueron imputados por “no haber dispuesto ninguna medida de seguridad física o psicológica respecto del testigo”. Según la resolución a la que tuvo acceso Página/12, los secretarios de esos juzgados y tribunales declararon que López nunca expresó sentirse amenazado o en peligro. “Pretender que luego del trágico hecho, los jueces y fiscales que llevaron a cabo la investigación a la que el testigo efectuó sus aportes deban afrontar las consecuencias de aquél resultaría manifiestamente irrazonable”, expresó el juez Blanco. Y concluyó que “López omitió solicitar protección porque no vislumbró el peligro que lo acechaba”.
La abogada Godoy dijo a este diario que el equipo de abogados que integró fue sobreseído “sin haber sido jamás notificados ni tomado conocimiento de la imputación, por lo tanto los argumentos por los cuales nos sobreseen no son los nuestros, nunca nos escucharon”. A poco de cumplirse seis años de la desaparición de López, su caso está paralizado. Las únicas novedades aparecen en las ramificaciones del expediente principal.
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